La industria y el comercio alertan que alza de tarifas

Fuentes de ambas cámaras estimaron que la decisión de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, de eliminar compensaciones para ahorrar subsidios por $35.000 millones, en un marco de reducción del déficit fiscal, podría impactar en los precios, con un efecto contrario a lo que el Gobierno está buscando conseguir en reuniones con el sector privado para anclar las expectativas de inflación en torno de las previsiones establecidas en el presupuesto de este año.

La medida anunciada la semana pasada afectará a 4000 comercios e industrias, que tendrán un aumento en sus tarifas eléctricas de entre 50% y 70%, según información que distribuyeron desde la Secretaría de Energía, dependencia a cargo de Darío Martínez.

Los grandes consumidores de electricidad -gastan más de 300 kW- compran la energía directamente a Cammesa -la compañía con control estatal encargada de los despachos al mercado mayorista- o de forma indirecta a través de las empresas distribuidoras (Edenor, Edesur o Edelap, entre otras), como hacen los hogares. Los agentes que compran a Cammesa directamente abonan el costo pleno de la generación eléctrica, mientras que los que adquieren la energía a través de las distribuidoras recibían un subsidio de más del 50%.

«Hemos tomado esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades, algunas de las cuales pagan el precio monómico y no tenían acceso a la tarifa subsidiada, de la que gozaban sus competidoras», dijo Martínez la semana pasada, y, a su vez, se congratuló por la reparación de «inequidades» y el ahorro fiscal que permitirá la medida, un objetivo central de la política económica que dirige el ministro Martín Guzmán.

En el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, Guzmán prevé mantener estable el peso de los subsidios económicos con relación al PBI, lo que implicaría un ajuste frente a una inflación estimada de 29% anual.

Al mismo tiempo, Guzmán mantuvo en las últimas semanas encuentros con empresarios en el marco del acuerdo de precios y salarios, en los que afirmó que esa tasa de inflación se logrará sobre la base de señales de precios claves de la macroeconomía: el primero es un atraso cambiario (con un tipo de cambio devaluándose un 25%, lo que significaría una apreciación real del peso frente al dólar) y con tarifas de servicios que mantendrían un retraso (incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que no subirían más del 9% en el año).

Ese mismo fue el argumento de Fernando Morra, viceministro de Economía, en un encuentro la semana pasada con empresarios de la alimentación, a los que se les pidió apoyar la política oficial.

«Les pega a todas las grandes superficies, comercios e industrias, y es lógico pensar que los que puedan lo van a trasladar a precios», dijeron a LA NACIÓN en la CAC, en referencia al aumento de tarifas de electricidad para los grandes consumidores. «Shoppings, supermercados y mayoristas estaría afectados. No sabemos cuál va a ser el impacto completo. Lo vamos a saber en la práctica», dijeron sobre la incertidumbre que crea la medida.

«La principal crítica es el salto abrupto», afirmaron fuentes de la UIA, en sintonía con sus pares del comercio y los servicios. «Muchos proponen que el aumento se dé en forma escalonada en un horizonte temporal predefinido, sin diferencias sectoriales. Es comprensible desde el punto de vista fiscal, pero afecta a la competitividad», indicaron, por otra parte.

En la entidad fabril indicaron que están trabajando en un análisis para ver si pueden determinar el impacto en la factura de cada empresa por un tema del valor agregado de distribución (VAD), que en algunas provincias tiene fuertes implicancias. «El aumento del 90% no es en la factura sino en el precio estabilizado de la energía, que es solo una parte. Pero otra parte importante es en impuestos. Poder anclar un poco la variable impuestos podría atenuar el tema», indicaron en la entidad que conduce Miguel Acevedo como propuesta. «Hay cierta coincidencia en que no debería hacerse de golpe, sino de manera escalonada, sobre todo teniendo en cuenta la difícil coyuntura actual, tanto económica como de precios», completaron en la UIA.