Vidal complicada por una causa de inteligencia en la Provincia

La Justicia investiga presuntas tareas de inteligencia sobre policías, funcionarios judiciales y políticos que habrían sido llevadas a cabo desde Asuntos Internos

El ex titular de Asuntos Internos bonaerense, Guillermo Berra, fue citado a indagatoria por la fiscal Cecilia Corfield en el marco de una causa por “Abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”. La Justicia sospecha que desde el organismo se realizaban tareas de espionaje e inteligencia contra policías, fiscales, jueces, intendentes y referentes políticos.

En medio del escándalo nacional por el espionaje realizado por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, el ojo de la tormenta se expande a la provincia de Buenos Aires al conocerse el llamado a indagatoria a Guillermo Berra, hombre de suma confianza de María Eugenia Vidal, por una causa judicial por presuntas tareas de inteligencia y hostigamiento en territorio bonaerense.

La investigación comenzó a partir de la denuncia del ex comisario Néstor Omar Martín, quien no sólo señaló a Berra, sino también a su pareja, María Rosario Sardiña. Según Martín, estas personas sostenían un “plan sistemático de persecución y hostigamiento a funcionarios policiales que ejercieron altos cargos”.

Acorde a la denuncia, Berra y Sardiña habrían obtenido información y practicado tareas de inteligencia sobre Néstor Omar Martín y su grupo familiar. A partir de ello, fue que en octubre del año pasado la fiscal Corfield ordenó un allanamiento a las oficinas de Asuntos Internos donde se secuestró material informático, entre ellos discos duros y diversa información. De allí, y a medida que avanzó la investigación judicial, se desprendió que entre 2016 y 2019 Berra y Sardiña habrían obtenido información y almacenado datos “sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.

La lista de personas espiadas es extensa e incluye también a empresas privadas. Entre los nombres resaltan los de Mario Ishii, César Melazo, Juan Pablo Mussi, Fernando Espinoza, Sergio Maldonado y hasta quien era jefe de asesores de Ritondo, Marcelo Rochetti. Además se incluyen a varios otros intendentes, funcionarios del poder judicial y del poder político. En el expediente judicial también se investigan las tareas de inteligencia realizadas sobre la fiscal de juicio de La Plata, Silvia Langone, quien representó al Ministerio Público en el debate oral por la triple fuga de General Alvear. 

En total se habla de más de cien personas sobre las que se libraron órdenes de servicio desde Asuntos Internos sobre quienes realizar “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos”. En ese sentido, se presume que existió una red de inteligencia en la cual Guillermo Berra y María Rosario Sardiña respondían directamente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Por su parte, Berra y su cónyuge, María Rosario Sardiña, deberán presentarse el próximo 29 de junio frente a la fiscal Cecilia Corfield. 

Julio Conte Grand: otro denunciado por prácticas similares

Este tipo de denuncias no son las primeras contra funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. En marzo de este año, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó una demanda contra el aún Procurador General, Julio Conte Grand.

En ese momento Ferrari denunció haber sufrido “un plan” de desprestigio en su contra a través de la utilización “causas armadas” y “operaciones de prensa”, para desprestigiarlo.

El funcionario judicial de Lomas de Zamora aseguró que había sufrido “aprietes” a través de “un cúmulo de maniobras” puestas en marcha “desde las entrañas del propio Ministerio Público”. 

En ese sentido, afirmó que Conte Grand habría hecho uso de “cierta prensa, para atormentar a los propios subordinados, fuera de lo que es el marco institucional”. Asimismo, además de lo que el fiscal general describió como “una campaña de desprestigio público” agregó en su denuncia el hecho de haber sido “perseguido” con una causa armada en su contra, “que fue desestimada por la fiscalía de San Martín por inexistencia de delito”.